Derecho de los no cazadores

No es novedoso observar como un grupo de interés económico condiciona los acuerdos y decisiones de las Administraciones públicas, aunque ello suponga una pérdida de derechos para la mayoría de la sociedad civil. Esto es lo que viene ocurriendo desde tiempos históricos entre las organizaciones cinegéticas y la Administración central, hasta mediados de los ochenta, y posteriormente y hasta la fecha, tras el proceso de transferencias autonómicas, con las comunidades autónomas.

Las políticas de conservación y gestión de la biodiversidad auspiciadas y desarrolladas por la Consejería de Medio Ambiente están permanentemente subordinadas a los intereses corporativistas de un sector minoritario. Circunstancia a la que no son ajenas el resto de las comunidades autónomas. Sirva como muestra la situación de la Comunidad Valenciana, donde la Administración ambiental de esa comunidad autónoma, en complot con los cazadores, ha vetado la presencia de los grupos ecologistas en el Consejo Valenciano de Caza, órgano de participación social donde se establecen las normas reguladoras de la actividad cinegética. En Galicia, a pesar de la situación de excepcionalidad debido a la oleada de incendios forestales que han asolado más de 70.000 hectáreas, la Xunta de Galicia no se ha atrevido a aplicar lo que establece la norma que regula la caza, la cancelación del periodo hábil de caza en casos de catástrofes que suponga una pérdida de los hábitats de las especies cinegéticas, que provoquen una concentración artificial en determinados lugares, forzados por una situación excepcional. Sin embargo, a pesar de las peticiones de las organizaciones ecologistas, la Xunta de Galicia calla, consiente y vulnera su propia normativa. Y en Castilla-León se tramita actualmente un Plan de Gestión del Lobo, denostado por diversos colectivos sociales y aplaudido por los cazadores. Según parece, lo cual no es de extrañar, la conservación y el manejo del lobo en esa comunidad autónoma dependerá de la caza deportiva.

Como hemos dicho, aquí, en Andalucía, la política de conservación sometida a los intereses de las principales organizaciones cinegéticas parece ser que no tiene límites. Pondré sólo algunos ejemplos.

Los cazadores han conseguido recientemente una normativa reguladora de la caza que ha ido otorgándole progresivamente cobertura legal a prácticamente cada una de sus reivindicaciones esenciales e irrenunciables.

Los vallados cinegéticos de los cotos de caza mayor, menores de 500 hectáreas, se mantendrán por medio de un certificado de calidad cinegética, y podrán seguir cercando las fincas que aún no lo estén. E incluso podrán elevar la altura de la malla por encima de los 2 metros. Han conseguido restablecer la figura del control de predadores, como eufemísticamente lo denominan los propios cazadores y los técnicos de la Administración autonómica. La Consejería de Medio Ambiente realiza en la actualidad pruebas en fincas colaboradoras con métodos de caza no selectivos y prohibidos con carácter general, con el apoyo de la Federación Andaluza de Caza, con objeto de determinar la inocuidad y selectividad de los referidos sistemas de caza (lazos, principalmente).

Los colectivos cinegéticos también han conseguido una prerrogativa especial para el control de animales domésticos --perros y gatos-- en los cotos de caza. Sin son localizados y capturados, las personas acreditadas podrán sacrificarlos sin más, con métodos al uso, disparos, etc., conculcando lo establecido en una norma de rango superior, como es la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de protección de los animales.

La Consejería de Medio Ambiente, por temor a posibles reacciones dentro del mundo de la caza, no termina de vedar la caza en los humedales, a pesar de la situación de sequía que venimos arrastrando en los últimos años.

Del mismo modo, la mayoría de las fincas de titularidad pública son gestionadas por sociedades de cazadores. Esta circunstancia se convierte en un continuo obstáculo para otros usos, como el recreativo, deportivo o contemplativo. Particulares y oenegés han denunciado que las delegaciones provinciales deniegan solicitudes para caminar por las fincas públicas adjudicadas a sociedades federadas de cazadores. En Córdoba ha ocurrido, en los últimos años, en la finca El Olivarejo , en Villaviciosa de Córdoba, y en la finca Las Zarcas , en Espiel.

Cuando uno se atreve a caminar por el monte, es consciente de que lo pueden plomear, o algo aún más grave. De seguir así, por seguridad de los propios no cazadores, tendremos que llevar chalecos reflectantes cada vez que salgamos al monte. En el borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Redes (Asturias), así se recoge. Verdaderamente lamentable.

La conservación asistida de pequeñas poblaciones de lince ibérico, águila imperial, buitre negro, lobo, etc., esta suponiendo un peaje extraordinario y no siempre justificado. Los políticos y sus estamentos de poder, es decir, las estructuras administrativas públicas, dependen de los resultados a secas, sin matices, y eso es nuestro verdadero mal.

Fuente: diariocordoba.com - 28/09/2006